¿Se puede enderezar el rumbo?. Me hago esta pregunta a la vista de los escándalos nuestros de cada día, de esas noticias que hacen, o deberían hacer al menos, estremecer a cualquier persona de bien y orden- ¿Qué será eso de personas de bien y orden?-, y me hago la pregunta desde la perspectiva jurídica que me afecta como abogado, y quizá tuviera que reformularla: ¿Se puede estar seguro ante la Justicia?.
El problema, porque es un problema de los más graves y serios del presente, radica en la falta de credibilidad que crece, aumentando día a día, a la vista de cómo se van desarrollando los acontecimientos, que la Justicia posee en este momento. La percepción de una Justicia de doble cara es patente y palmaria…La idea de convertir el Poder Judicial en una función dependiente del Poder Ejecutivo, la progresiva labor de deterioro de la credibilidad de los jueces mediante esa tendencia sectaria y totalitaria de calificarlos en progresistas, o izquierdistas, y no ya conservadores sino fascistas, la labor que desde sus Ministerios correspondientes realizan determinados personajes que son jueces, pues no han dejado de serlos y están en una situación equivalente a la comisión de servicios… ¡Un sinfín de actuaciones han quemado la imagen de la Justicia! Y el ciudadano no lo ignora, sino que lo ve, se pregunta y duda de la fiabilidad del Tercer Poder, de ese del que en la II República se manifestaba diciendo que no conocía que existiese.
El ataque a los jueces que tienen la mala suerte de que caigan en sus manos asuntos que puedan implicar presuntamente a determinados políticos se realiza sin la menor vergüenza, sin el menor escrúpulo y utilizando los medios de comunicación favorables y favorecidos por el Poder es un hecho indiscutible, aunque de modo cínico y rastrero todos dicen profesar el mayor respeto a las decisiones judiciales. También, desde dentro y sin que quien escribe ponga en duda la independencia de los jueces, el hecho de que ante semejantes hechos, se produzcan dispares resoluciones, como por ejemplo las contrapuestas decisiones de unos jueces y otros a la hora de admitir o archivar determinadas querellas, produce esa sensación de que haya dos bandos entre ellos, con la consecuencia de crear la duda.
Y el remate para que la situación se desborde y la desconfianza se multiplique, la guinda del pastel, la constituye la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado. Empezando por el hecho indiscutible del desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre el funcionamiento y la organización del Ministerio Fiscal, éste se asocia para cualquier persona al estamento judicial, sin que se conozca que los fiscales pertenecen a un estamento distinto, que son funcionarios del Ministerio de Justicia, que constituyen una estructura jerárquica y que por mucho que se predique que el Fiscal General actúa con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del Gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial, de hecho es nombrado o destituido por el Poder Ejecutivo y, además, sus directrices, sus instrucciones y sus órdenes son vinculantes para todos los inferiores.
Los que creen que el Ministerio Fiscal tiene independencia se engañan, pero se engañan a sabiendas, pues a la vista está. Personalmente me pronuncié sobre las circunstancias del cese de una gran persona, con una impecable carrera profesional, independiente por naturaleza y comprometida con la legalidad: Dª María José Segarra, y señalé, y lo reitero, de qué modo la señora Segarra, que fue nombrada por iniciativa de la entonces Ministra de Justicia, Dolores Delgado, que tenía tal relación de amistad y confianza en ella que la promovió para después cesarla y acceder ella misma al puesto de Fiscal General del Estado. ¿Cómo pudo tenerse una actitud más desvergonzada?. De Ministra de Justicia a Fiscal General del Estado, en un gesto insólito, cesando a la señora Segarra que trató de defender una independencia que desde el Gobierno no se podía tolerar, no interesaba.
Ahora los fiscales se oponen sistemáticamente a cualquier acusación que se promueva contra cualquiera que pertenezca a la órbita del Gobierno y de los partidos que lo conforman y que los apoyan, y si bien el artículo 124 de la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social, es muy necesario aclarar que se refiere precisamente a la institución, a esa institución encuadrada en el Ministerio de Justicia que se presume autónoma, con autonomía funcional respecto al Poder Judicial, peso su independencia se centra fundamental y exclusivamente en la persona del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno de turno y vinculado por los intereses políticos del Poder. De hecho, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Esa imparcialidad será siempre la que considere quien esté en el más alto grado jerárquico, ese Fiscal General del Estado, el que manda, que en nuestros días es la ex Ministra de Justicia que pasó de un puesto a otro sin una escala intermedia, la que garantizará a quienes les conviene un control ideológico que ya el propio Pedro Sánchez confirmó sin pudor alguno: ¡En la Fiscalía manda el Gobierno!
Esta situación es de alarma social de esa misma alarma social que defienden los fiscales en los juicios cuando defienden sus acusaciones contra quienes se presentan ante un Tribunal acusados de haber perpetrado alguna conducta delictiva, de esos fiscales que se oponen con rigor a la puesta en libertad de unos o que piden que ingresen en prisión quienes estiman que deben ser privados de libertad. Esos mismos fiscales quizá no se dan cuenta que en el momento actual la calle ve como para unos se mantienen unos criterios, para otros los contrarios, que se percibe escandalosamente que el principio que se ha instaurado es el de desigualdad ante la Ley y que la Fiscalía causa alarma social en muchas ocasiones, muchísimas más de las que se puedan atribuir al error.
Flaco servicio a la Justicia se hace con el errático comportamiento de la Fiscalía General del Estado en su modo de actuar con unos y con otros y dolorosas son las sensaciones que producen en quienes un día creyeron en el sistema. Aunque tal vez no sea errático del todo es hacer y deshacer desde la cúspide de manera tan indisimulada y se siga una línea de demolición acorde con los principios, por llamarlos de algún modo, que rigen a los detentadores del poder.¡ El poder, ese poder por el que se miente, se amenaza, se traicionan ideales, y hasta se mata, como la Historia nos ha enseñado repetidamente!.
En la Justicia y en su entorno la decadencia es manifiesta, y debo confesar que mucha culpa recae sobre otros elementos que hoy se llaman Operadores de la Justicia. Tal vez la pérdida del componente vocacional, o quizá la ambición de fama y fortuna sean causa de que se produzcan hechos que espantan. Y en estos días se habla y polemiza sobre las influencias y las permeabilidades que en ciertos procesos en curso podrían haberse producido a través de relaciones personales entre fiscal y letrado, algo que debería haber incitado una investigación inmediata pero que hasta el momento no tengo noticias al respecto.
Y entrar en el terreno profesional, de mi gremio, es asunto también preciso porque la masificación, las ansias de fama y fortuna y una relajación, por no decir abandono de principios que otrora fueron fundamentales y hoy están arrinconados, ha hecho un mal irreparable a la abogacía, y lo digo aquí y por escrito, porque cada vez que he manifestado mi opinión y mi preocupación por ciertos hábitos, o he expresado mi protesta, he salido mal parado. Diré simplemente que en el ejercicio de la abogacía no todo vale y que la competencia libre y leal es siempre digna, pero cuando se tuerce el camino todo se vuelve fangoso. Y en los días presentes nadie desde mi oficio hace examen de conciencia y el colectivo no clama por defender a la Justicia, empezando desde dentro.
El mi colectivo son tiempos de comisiones, secciones, y áreas de servicio para ocuparse de mil y un asuntos mundanos, grupos que en muchas ocasiones sirven para todo menos para potenciar la figura del abogado, aunque opinar así supone ser señalado como inadecuado; son tiempos en los que el deterioro de los valores que deberían imperar en el oficio se entiende como un mandato de los tiempos; son tiempos en los que, además, han engrosado nuestras filas personas indignas que salieron de otros estamentos por la puerta falsa; tiempos de “todo vale para el convento”. Un colectivo que protesta por la implantación de condiciones extravagantes para poder ejercer nuestro trabajo en el marco de la estúpida “Nueva Normalidad”, pero que no clama por el descrédito de la Justicia, por la situación de la Fiscalía, ni tampoco pone coto a los cada vez más frecuentes desmanes de la gente de dentro. En estos tiempos uno se entristece y hasta enferma al contemplar el panorama, uno se siente pertenecer como un mero número a un colectivo, por imperativo de Ley, pero no puede aplicar la leal calificación de “compañero” a todos con los que se comparte la pertenencia a una mera lista.
El panorama no tiende a despejar las nubes y la esperanza en ver luz al final del túnel se disipa entre la acción dolosa y el silencio cómplice. Es de temer que se trate de afrontar la situación cuando el daño sea más irreparable.
Manuel Alba
