La Guardia Civil, en el transcurso de la operación TITAN II, ha detenido en Pontevedra y Málaga de dos personas por tenencia y distribución de pornografía infantil a más de 1.000 pedófilos de diversos países a través de la red. Asimismo, han sido detenidos en diferentes países decenas de personas de las 142 que estaban siendo investigados.
Esta operación ha sido coordinada por el Violent Crimes Against Children International Taskforce (VCACITF), grupo de trabajo internacional enfocado a la lucha contra los delitos violentos y de naturaleza sexual cometidos contra menores de edad, liderado por el FBI y del que, al igual de otros cuerpos policiales de otros estados, forma parte la Guardia Civil.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha supuesto un notable esfuerzo durante varios meses para la localización de los supuestos criminales.
Los ahora detenidos obtenían y facilitaban archivos de contenido pedófilo a través de Internet utilizando para ello redes privadas con un alto grado de confidencialidad. Filtraban y facilitaban el acceso a sus archivos compartidos, compuesto de material audiovisual con abusos a menores, únicamente a usuarios de su confianza a los que facilitaban una contraseña individualizada, consiguiendo con ello un alto grado de complejidad en la investigación policial de los hechos.
Durante los registros domiciliarios, los investigadores intervinieron abundante material informático, de cuyo análisis se han abierto nuevas investigaciones para localizar a cientos de usuarios con los que los detenidos intercambiaban este tipo archivos de contenido ilícito.
Uno de los detenidos es un individuo de nacionalidad británica, el que por hechos similares se hallaba huido de la justicia británica desde 2006, hecho que fue comunicado por dichas autoridades a través de INTERPOL, al tratarse de uno de los delincuentes sexuales más buscado en Gales.
La localización de esta persona fue compleja, ya que no tenía domicilio fijo y el lugar donde residía no constaba en ningún registro oficial. Esta persona, durante su detención intentó deshacerse de un dispositivo de almacenamiento portátil con más de 80.000 archivos conteniendo abusos a menores de edad de especial dureza, tanto por la edad de los menores como por las prácticas a las que eran sometidos.
El otro detenido, de nacionalidad española, adoptaba estrictas medidas de seguridad para ocultar su identidad online. Por una parte, se pudo detectar cómo se conectaba a Internet habitualmente desde redes inalámbricas en distintos establecimientos públicos, utilizando para ello distintos dispositivos portátiles (al menos tres ordenadores y un teléfono móvil), todo ello para evitar dejar el rastro digital que permitiera ser identificado por los agentes.
En un paso más hacia su completo anonimato, en los últimos meses había trasladado su actividad principal a la red TOR, que, entre otras funcionalidades, destaca por permitir ocultar el rastro de navegación de sus usuarios. Dichos comportamientos obligaron a los investigadores a desplegar un dispositivo policial complejo que permitió finalmente su localización.
Una vez identificado su lugar de residencia, se procedió al registro de su vivienda. Del análisis de los dispositivos incautados, se localizaron grabaciones realizadas por el detenido con cámara oculta en el vestuario de un polideportivo, en las que se apreciaba a menores completamente desnudos, así como su actividad como monitor de tiempo libre, lo que le facilitó su acceso a estos menores.
Los investigadores han podido comprobar que los detenidos habían facilitado la contraseña de acceso a su red privada a más de 1.000 pedófilos de diversos países que en la actualidad están siendo investigados.
Una vez puestos los detenidos a disposición judicial, ambos ingresaron en prisión provisional sin fianza. Dada, dada la gravedad de los abusos a los que fueron sometidos los menores de muy corta edad, que se aprecian en las grabaciones, sometidos a prácticas sexuales especialmente degradantes y vejatorias, estas personas se enfrentan a penas que podrían llegar hasta los 9 años de prisión.
La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
