Desde el 1 de junio 54 juzgados de Primera Instancia se especializarán en los juicios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de hipoteca, en concreto, con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
Por 6 votos a 2, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este plan que afecta a un juzgado por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear. El cambio se mantendrá en vigor desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año pero podrá prorrogarse en caso necesario.
Para Luis Carlos López Pérez, miembro de Foro Abogados, son importantes las palabras del Consejo General de la Abogacía Española: este plan produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial. López Pérez destaca de la cita de la Abogacía que el plan propuesto por el CGPJ generaría una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos para defender sus derechos ante el Juzgado. En Málaga siguen creciendo las consultas en los despachos referidas a las denominadas cláusulas suelo según han podido constatar desde Foro Abogados.
En Foro Abogados consideran que dicho sobrecoste lo estamos viviendo día a día en los juzgados de toda la península ibérica, con una administración de Justicia ralentizada ya que, aún con el intento de digitalizar y hacer más ágil y flexible la comunicación con los juzgados y Tribunales, no se están poniendo las partidas presupuestarias oportunas.
En cuanto a la formación de los jueces, la Asociación de Letrados de la Administración de Justicia considera que no es lo más «adecuado» que estos jueces «sin experiencia» sean los encargados de resolver este tipo de cuestión «por mucha que sea la formación recibida». Y remarcan: «es alarmante que ni el CGPJ, ni el Ministerio de Justicia hayan puesto aún de manifiesto que personal estará adscrito a dichos juzgados especializados.
López Pérez, de Foro Abogados, insiste en que seguirá empeorando la confianza que los ciudadanos tienen hacia la administración de Justicia, lo cual es un grave riesgo que atenta directamente al corazón de una democracia consolidada y aporta una solución por un lado, una formación permanente, real y de calidad de todos los que trabajamos en la Administración de Justicia, que debe partir de los conocimientos sólidos y acreditados de los formadores, y, por otro, dotar de medios suficientes a jueces y fiscales para que puedan hacer su trabajo.
