El recibo de la luz de febrero ha sido un 22,0% más caro que hace doce meses, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Con las tarifas del 1 al 28 del mes pasado, el usuario medio con la tarifa PVPC pagará 76,10 euros, frente a los 62,39 euros del mismo mes en 2016.
La subida interanual de la factura eléctrica continúa disparada, después de que en enero batiese todos los records: se situó en 87,81 euros, un 29,4% por encima de los 67,84 euros de enero del año pasado.
El precio medio del kWh este febrero ha sido de 15,55 céntimos (12,23 más impuestos), después de que el mes anterior alcanzase los 18,75 céntimos (14,74 más impuestos). En febrero de 2016 el kWh se situó en 11,69 céntimos (9,19 más impuestos). La subida interanual ha sido del 33,0%.
FACUA denuncia la actitud complaciente con el sector que viene adoptando el ministro de Energía. Álvaro Nadal se niega a tomar medidas que protejan los intereses de los usuarios para no perjudicar al oligopolio eléctrico, que el año pasado aumentó un 9% sus beneficios: más de 5.463 millones de euros.
La asociación reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos. FACUA denuncia que hoy por hoy, es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios.
Se trata, advierte FACUA, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos.
Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.
