Los coportavoces de IU La Línea, Manuela Álvarez y Gorka Carrión, han registrado en la Fiscalía Anticorrupción de Algeciras un escrito exponiendo una serie de sospechas sobre la incorporación a la plantilla municipal de forma supuestamente irregular de dos personas en el Ayuntamiento con categoría de monitoras socioculturales.
Con el escrito presentado en Fiscalía se adjuntaba un informe de la Intervención del Ayuntamiento, con fecha 7 de noviembre de 2016, de reparo a dos contrataciones por ir contra los intereses del Ayuntamiento, y por tanto, a los intereses de la ciudadanía linense. Un informe al que ha tenido acceso IU. En este se evidencia que el único aval de esta contratación es un informe del concejal de Personal, el señor Gabriel Cobos, sin que existan informes reclamando la necesidad de estos puestos ni por parte del jefe de Personal ni del jefe de Servicios Sociales. El concejal de Personal argumenta que las dos personas implicadas ganaron sendos pleitos con el Ayuntamiento a raíz de concluir su contratación temporal en el marco de programas de empleo de la Junta. Sin embargo, la Intervención informa en su escrito que las sentencias de referencia permiten al Ayuntamiento optar por el despido [previo abono de la indemnización correspondiente] o la readmisión.
La Intervención concluye que si bien existe consignación suficiente para su reincorporación, no hay plazas vacantes en la plantilla municipal vigente con la categoría Monitor Sociocultural, no constando además tramitado expediente administrativo ni informe jurídico que motive la decisión ( ) por lo que se mantiene el REPARO. Es decir, hay dinero para incorporar con carácter permanente a dos personas. Si esto es así ¿por qué no se opta por indemnizarlas, que supondría un coste menor para las precarias arcas municipales? ¿Puede estar en relación que una de las personas incorporadas sea familiar directo del actual presidente de La Línea 100×100? ¿Es posible que se haya cometido una prevaricación y malversación? Son preguntas razonables que cualquier persona que lea el informe de la Intervención se haría y que el Ayuntamiento debe esclarecer.
Por esa razón, desde IU La Línea exigimos que el Ayuntamiento haga públicos todos los documentos que esclarezcan esta situación y los remita a la Fiscalía para que esta verifique que todo está acorde a la ley. Exigimos esta documentación ante Fiscalía ante las reiteradas negativas del Ayuntamiento a facilitar información a Izquierda Unida bajo el argumento de que no tenemos representación, aquella que La Línea 100×100 nos robó.
No se trata de judicializar la política. En cualquier democracia los ciudadanos deben poder controlar y vigilar las actuaciones de los gobiernos, y para ello, deben tener la información necesaria. El gobierno local, que presume con frecuencia de transparencia, tiene muy fácil demostrar la legalidad y necesidad de estas contrataciones, publicando todos los documentos que lo avalen. Por último, al margen de los visos de posible ilegalidad, la ciudadanía linense no puede comprender que se incorporen dos monitores socioculturales al Ayuntamiento, cuando hay otros servicios con serios problemas como la limpieza viaria o el mantenimiento de colegios. Y en cualquier caso, la contratación en una administración pública basarse en la transparencia y la igualdad de oportunidades.
