El vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dado a conocer una de las propuestas que el PSOE va a trasladar al pleno de Diputación, así pues, ha dicho que para los socialistas es vital, ante la situación de incertidumbre que se está viviendo en el sector de la estiba, instar al Gobierno de España y en concreto al Ministerio de Fomento a impulsar un acuerdo y a negociar la adecuación de la normativa con la Unión Europea, a tres bandas, Ministerio, empresas y sindicatos, todo ello con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia del TJUE haciéndolo compatible con la estabilidad laboral. Ha mostrado ese interés, ya que en la provincia hay dos ciudades como son Algeciras, sobre todo, y Cádiz que tienen en la estiba uno de los sectores laborales más importantes de su actividad económica, por tanto, estamos muy pendientes de cualquier paso que se dé en este sentido.
Así pues, ha añadido que la estiba es parte de una comunidad portuaria sólida, que ha afrontado sus retos de forma unida, y habría que destacar que ha habido una gran implicación de instituciones, empresas y trabajadores. Por todas esas razones, ha dicho Ruiz Boix el puerto de Algeciras se ha convertido en uno de los más importantes de Europa en cuanto a tráfico de mercancías y el de Cádiz ha experimentado un enorme auge en el tráfico de turistas con la actividad de los cruceros.
Conociendo estos datos, se puede afirmar que el trabajo de este sector ha respondido con buenos resultados a la competencia y a los retos que se han venido planteando. Por eso, es preciso saber identificar los objetivos comunes por encima de otras particulares, algo que permitió en 2010 la reforma de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General del Estado, que gozó de un amplio respaldo parlamentario al contar con el consenso de PSOE y PP, y el apoyo social, empresarial y sindical, ha recordado el Socialista. Así pues, cabría afirmar aquí que el Gobierno central ha tenido más de cinco años para consensuar el cambio normativo indicado por la Unión Europea, situación que ha provocado incertidumbre en los trabajadores y en las empresas portuarias, desestabilizando la seguridad que trajo la nueva Ley de Puertos y que todavía el Ejecutivo de Rajoy no ha solucionado.
Ha afirmado también Ruiz Boix que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el pasado 11 de diciembre de 2014, obliga a España a llevar a cabo esas modificaciones normativas lo que ha dado lugar a que el Gobierno central pretenda resolver este importante asunto de manera acelerada motivado por las posibles sanciones a las que se enfrenta ahora España por no haber adaptado esa normativa europea, ahora el Sr. Rajoy recurre a un decreto sin contemplar las negociaciones que reinaban entre empresas y sindicatos y, por supuesto, sin informar a las Autoridades Portuarias, algo muy habitual en la forma de gestionar del PP.
Por último, Ruiz Boix ha recordado que la patronal del sector y los sindicatos mayoritarios de la estiba tienen, desde hace meses, una propuesta conjunta de acuerdo en referencia a la sentencia europea, propuesta que han trasladado al Ministerio de Fomento. Ha concluido afirmando que además de todo lo anterior, desde el PSOE consideramos que es vital normalizar el acceso de la mujer a esta actividad laboral en Algeciras y Cádiz algo que no ocurre a día de hoy a pesar de las reivindicaciones de un numeroso grupo de mujeres que tienen en la estiba puestas sus esperanzas laborales.
Subidas continuas de la luz
En otro orden de asuntos, el Grupo Socialista de la Diputación sensibilizándose con la ciudadanía y con objeto de intentar paliar las continuas subidas en el precio de la electricidad van a solicitar que se adopten las medidas necesarias para evitar que el incremento de los precios de la electricidad siga afectando, sobre todo, a las familias con economías más vulnerables. Por ese motivo, los Socialistas van a solicitar a través de una propuesta en el pleno que se lleve a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición indispensable que permita conocer cuánto cuesta realmente producir energía eléctrica, qué es lo que se paga y qué es lo que se recibe a cambio.
Asimismo, se pretende impulsar un Pacto de Estado de la Energía en el que participen todas las fuerzas políticas, así como los representantes de la sociedad civil, con objeto de dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años. Esto pretende facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables. Otra de las medidas que según el Grupo Socialista debe llevarse a cabo es la reforma del mercado eléctrico, en un marco de competencia y al mínimo coste, lo que deberá permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética, cuyo fin es avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable.
Por último, se ha pidido por parte de los Socialistas que se aprueben urgentemente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Así pues, se dotaría a las industrias de un marco de suministro eléctrico competitivo, como se procede en mcuhos paises europeos, estudiando y desarrollando medidas que establezcan un marco para el suministro energético a la industria, a través de la revisión fiscal, la reforma de los mecanismos de asignación o la mejora de los criterios de interrumpibilidad, que se traduzca en una política de precios estables en el tiempo para evitar incertidumbres y que permita a avanzar en el desarrollo del sector.
