El Ayuntamiento de Torremolinos suspendió cautelarmente la aplicación de las subvenciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) el 14 de septiembre de 2016 al carecer de base legal suficiente para su mantenimiento, a la vista del informe firmado por la Jefa de la Asesoría Jurídica del Área Económica municipal y el Interventor General que determina que esas subvenciones carecen de la base legal suficiente ni hay ordenanza que lo regule e indica además que los caudales públicos no pueden malversarse con fines electoralistas ni clientelistas. Según los datos obrantes en la Delegación de Hacienda la consecuencia de la ilegalidad de las mociones y decretos ha podido ocasionar un perjuicio a los caudales públicos que se estiman en torno a 705.000 euros. La intención del equipo de gobierno ha sido siempre suspender estas subvenciones al existir indicios de su ilegalidad, afirma la Primera Teniente de Alcalde, Maribel Tocón.
El actual equipo de gobierno, a la vista de estos informes, ha puesto en marcha los mecanismos para que la suspensión de estas ayudas fuera llevada a pleno. En los informes se determina respecto al IAE que se concede una ayuda a empresas sin determinar para qué sirve esa ayuda y con qué finalidad se otorga. Este elemento es de suma importancia ya que el incumplimiento del objetivo por el cual se otorga determina el reintegro de la ayuda. Ni en la moción ni en el acto de concesión de la subvención se especifica cuál es el objetivo de la ayuda. Además, se establece las ayudas no fomentaban ninguna actividad de utilidad pública ni de interés social como obliga el art. 3.c) de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre de Subvenciones. La concejala cita textualmente que se concedía la ayuda única y exclusivamente para dar cumplimiento del programa electoral que votó mayoritariamente el pueblo de Torremolinos. Bastan estos dos argumentos para concluir que la ayuda al IAE no es una subvención, apuntan los informes jurídicos.
Estas subvenciones se aprobaron en junio de 2007 ayudas por valor del 25% con la mayoría absoluta del Partido Popular, de forma unilateral y en solitario con el voto en contra del resto de formaciones con representación en el pleno. Todos los demás partidos se opusieron porque esas ayudas eran ilegales e inmorales ya que se daban a empresas que facturaban un millón de euros en cifras de negocio neto. Posteriormente, en 2012, también el PP modificó estas subvenciones para que fueran de un 15%.
El siguiente paso es llevar este asunto al pleno ordinario del mes de octubre, que tiene lugar mañana jueves 26 de octubre, para que éste acuerde el inicio del procedimiento de lesividad, la revocación de las subvenciones del IAE y la recuperación del perjuicio económico ocasionado a las arcas.
